El Gobierno descarta cambios en la Carta Magna para permitir que los foráneos voten, como ocurriera en 1992 con los ciudadanos de la UE.
David F. Grande/gaceta.es
Uno de los principales acuerdos del reciente 37 Congreso del PSOE fue el de conceder el voto a los extranjeros en las elecciones municipales, con la vista puesta en los comicios de 2011. Sin embargo, buena parte de los inmigrantes extracomunitarios se quedarán fuera de esta iniciativa, debido a los límites establecidos por la Constitución, que los socialistas no están dispuestos a modificar. Sin voluntad de reformar la Carta Magna en este aspecto, el Gobierno tendrá que hacer una interpretación laxa de sus preceptos para que esta medida quede en algo más que en una declaración de intenciones.
Y es que la Constitución sólo contempla que se permita el voto de los extranjeros bajo el principio de reciprocidad. Es decir, que se otorgue el derecho de sufragio sólo a aquellos inmigrantes cuyos países de origen también admiten el voto de los españoles. Los cerca de dos millones de inmigrantes de la Unión Europea, un 40% del total de extranjeros en España, ya gozan de este derecho tras la aprobación del Tratado de Maastricht. De hecho, para permitirlo, en 1992 se produjo la única reforma de la Constitución hasta la fecha.
A la espera de que se concreten las condiciones para el voto extranjero, las cifras iniciales apuntan a que alrededor de millón y medio de inmigrantes podrían beneficiarse de esta medida. Lo que supone la mitad de los cerca de tres millones de extranjeros extracomunitarios. Estas cifras se explican porque cerca de medio millón de ellos no tienen aún edad de voto y, sobre todo, porque algunas de las comunidades extranjeras más amplias vienen de países con regímenes dictatoriales o que no permiten votar a extranjeros. España cuenta con “tratados de amistad” con países como Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia, que permiten el voto de sus nacionales, pero tiene que desarrollar protocolos y convenios específicos para que entre en vigor.
No es el caso de Marruecos (644.688 marroquíes viven en España, un 20% de los extracomunitarios), que no permite –ni parece que lo vaya a hacer– el voto a los españoles; de Ecuador (420.110 ciudadanos, un 13%), cuya constitución prohíbe el sufragio de los extranjeros, aunque se encuentra en trámite de reforma; o de China (124.022, un 4%) y Cuba (46.342, un 1,5%), cuyos ciudadanos votan a los representantes parlamentarios del Partido Comunista de su país.
Constitución flexible
En septiembre, el grupo de trabajo del PSOE en el Congreso creado para perfilar esta iniciativa presentará sus conclusiones, en las que incluirá cuánto tiempo de residencia en España se pedirá para poder votar, y cómo hará para sortear el obstáculo de la obligación de reciprocidad establecido por la Constitución. En todo caso, parece que tendrá que hacer una lectura flexible de la Carta Magna para suavizar este requisito. De lo contrario, entienden en las filas socialistas, podría interpretarse que se responsabiliza a los inmigrantes de la falta de democracia de sus países.
Más allá de la improbable reforma de la Constitución, la iniciativa del voto inmigrante implicará la modificación del Régimen Electoral General y de la Ley de Extranjería. Los socialistas condicionan la aprobación de la ley a que haya un “consenso amplio” entre los partidos del Parlamento.
